BUENOS AIRES.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU comunicó su decisión de cerrar la “acción urgente” cursada en agosto del año pasado, pocos días después de la desaparición de Santiago Maldonado en el marco de un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, aunque bregó por una investigación “exhaustiva” e “imparcial” que permita determinar lo sucedido desde que fue visto por última vez hasta que su cuerpo fue encontrado en el Río Chubut e identificado, en octubre pasado.
“Con la localización y plena identificación del cuerpo de Maldonado, el comité considera que se cumplió con el propósito de la acción urgente de que ‘se busque y localice a la persona desaparecida’, y el 23 de enero de 2018 decidió cerrar la petición de acción urgente aquí referida”, informó la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh).
El organismo de las Naciones Unidas indicó que, más allá del cierre de la “acción urgente”, el Comité contra la Desaparición Forzada “proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado Parte mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido esclarecida”. De hecho, el Comité remarcó en el comunicado que “la localización del cuerpo no releva (al Estado argentino) de sus otras obligaciones derivadas de la Convención, en particular a las consagradas en el artículo 12”. Esas obligaciones son, entre otras, según enumeró el organismo dependiente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “llevar a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente de las circunstancias de su desaparición desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 20 de octubre de 2017”, día en el que fue fehacientemente identificado el cuerpo hallado en el río Chubut tres días antes, el 17 de octubre. Además, la Acnudh recordó que el Estado argentino debe “garantizar la plena participación de los familiares de Maldonado y de sus representantes en el proceso de investigación”, como así también “proteger a los allegados de la persona desaparecida y a sus defensores, a los testigos y a toda persona que participe en la investigación, de cualquier forma de presión, acto de intimidación o de represalia”. Precisó que, “en caso de que se demuestre que Maldonado fue objeto de una desaparición forzada”, el Estado argentino debe “asegurar que los responsables sean debidamente investigados y sancionados, y garantizar el derecho a la reparación de las víctimas”. La decisión que comunicó la ONU se suma a la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que levantó su medida cautelar en el caso Maldonado por considerar que “ha quedado sin materia” luego del hallazgo del cuerpo del joven y su posterior identificación. (Télam)